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Página 1 de 6 David Suárez y Susan V. Poats
Corporación Grupo Randi Randi
Resumen
Desde hace algunos años, y por los cambios de políticas de estado en lo referente a la administración de áreas protegidas, han salido a la palestra varias estrategias de gobernaza y gobernabilidad ambiental del territorio como la entrega de competencias, la formación de macomunidades y comités de gestión, entre otras. Estas han tenido diferentes resultados, que han dependido mucho del apoyo de ONG y OG al proceso, como también de la trascendencia del área protegida a nivel país. La provincia del Carchi, en Ecuador, cuenta con dos áreas protegidas grandes: la Reserva Ecológica El Ángel (REEA) y el Bosque Protector Golondrinas. Estas zonas de aproximadamente 15.000 ha cada una, protegen la rica y especial biodiversidad de los andes norte del Ecuador. Para la administración de estas áreas protegidas se integró una Mancomunidad conformada por el Consejo Provincial del Carchi y los Municipios de Tulcán, Montúfar, San Pedro de Huaca, Espejo, Mira, y Bolívar. Ésta tenía como meta, en primera instancia, trabajar solo con la REEA pero luego se extendió a todas las áreas protegidas de la provincia. En este espacio no se permite la participación de comunidades, organizaciones no gubernamentales. En el caso del Bosque Protector Golondrinas se ha formado un Grupo de Apoyo Interinstitucional (GAI) al bosque entre las comunidades aledañas, varias instituciones y el MAE. Aunque el GAI no está legalmente conformado, ha podido gestionar diversas actividades en beneficio del bosque protector. Actualmente este grupo esta proponiendo una estrategia piloto de comanejo para los bosques protectores del Ecuador.
Introducción
En los últimos años, la deslegitimación del Estado de derecho en el Ecuador es evidente. La falta de credibilidad y confianza en el sistema político y en particular, en la elite política, son factores que han contribuido a profundizar la crisis del Estado unitario, caracterizado por el centralismo, burocratización y una obsoleta normativa. La crisis del país ha afectado la capacidad del Estado en la gestión de los recursos naturales, declarados como bienes públicos o comunes.
En los últimos años se ha producido un incipiente proceso de descentralización (1) y de privatización de competencias del ambiente, turismo y algunos servicios básicos (Ojeda 2005). La descentralización como se a llevado en el Ecuador, según Ojeda (2005), en la mayoría de casos atenta contra el principio constitucional que ordena que "no podrá haber transferencia de competencias sin transferencia de recursos equivalentes ni transferencia de recursos sin la de competencias" (Art. 226, de la Constitución Ecuatoriana de 1998). En el contexto de la descentralización los gobiernos seccionales han comenzado a incursionar en asuntos ambientales (conservación de recursos naturales y calidad ambiental), con el consecuente interés de los grupos de poder local en influir en las decisiones que afecten sus intereses (Ojeda 2005).
El tema de la descentralización con sus encuentros entre las dinámicas de gestión y desarrollo local y la búsqueda de una buena gobernabilidad, según Sexton (2002), requiere una lectura política, una reflexión sobre los papeles legítimos de los actores en un territorio y la sinergia entre el estado central, los gobiernos locales y los actores privados diversos de la sociedad civil local. El encuentro entre descentralización y desarrollo local es un desafío muy importante en la perspectiva de fomentar un desarrollo diferente, ambientalmente más humano y sostenible. El control social, la gobernanza y la puesta en marcha de una buena gobernabilidad desde el ámbito local, es una de las vías posibles para contrarrestar y mitigar la influencia de poderes globales (políticos y empresariales entre otros) que inciden en los espacios locales (Sexton 2002).
La noción de gobernanza (2), en términos generales, se utiliza para referirse a los procesos de toma de decisiones relacionadas a asuntos de carácter colectivo. A nivel específico este término cuenta con una amplia diversidad de aproximaciones como aquel sistema de reglas formales e informales que establecen las pautas de interacción entre actores en el proceso de toma de decisión. La gobernanza supone que la gobernabilidad no puede estar garantizada sólo por los gobiernos, sino por el funcionamiento eficaz de redes más o menos institucionalizadas de actores estratégicos que disponen de su propia autonomía y de su agenda estratégica (Ojeda 2005). El buen gobierno es aquel que es capaz de construir una buena gobernanza y proporcionar, así, la gobernabilidad. La gobernanza es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía (3).
Por otro lado, según Ojeda (2005), la Gobernaza ambiental es el conjunto de procesos e instituciones, tanto formales como informales y que incluye normas y valores, comportamientos y modalidades organizativas, a través de las cuales los ciudadanos, las organizaciones y movimientos sociales y los diversos grupos de interés, articulan sus intereses, median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en relación al acceso y usos de los recursos naturales (4). Al parecer, esta definición reúne un conjunto de elementos que recoge de mejor forma la relación entre el Estado, la sociedad civil y el poder, en sus manifestaciones locales y en especial en relación con el ambiente. Permite, así mismo, relacionar la gobernanza con la gestión local del ambiente (recursos naturales), entendida como la suma de voluntades de todos/as los y las actoras/es de una localidad o, como la capacidad de autodeterminación y de concordancia social, que nace del sentido particular o típico de identidad y pertenencia cultural de una colectividad, sin pérdida de su identidad local y al mismo tiempo con pertenencia nacional (Valencia 1999).
Desde hace algunos años, y por los cambios de políticas de Estado, en lo referente a la administración de áreas protegidas, han salido a la palestra varias estrategias de gobernaza y gobernabilidad ambiental del territorio, como la entrega de competencias en el caso del Parque Nacional Cajas a ETAPA (Domínguez 2004, Ulloa y otros 2002), la formación de macomunidades y comités de gestión, entre otras. Estas han tenido diferentes resultados que han dependido mucho del apoyo de ONG y OG al proceso como también de la trascendencia del área protegida a nivel país. En algunos procesos han sido muy bien sistematizadas sus lecciones aprendidas, pero en otros casi nada. El objetivo del presente documento es sistematizar el aprendizaje de los procesos de gobernanza ambiental en el manejo participativo de áreas protegidas en la provincia del Carchi.
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Revista Simposium 
