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Área de Conservación Comunitaria en la "Selva Corazón de la Salud" de Matavén - Colombia |
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Página 1 de 3 German I. Andrade (1) y Juan Pablo Ruiz (2)
Introducción
En Colombia las áreas naturales protegidas son declaradas por las instituciones ambientales publicas y autoridades municipales. La Unidad de Parques es la autoridad central del Sistema de Parques Nacionales Naturales y el ente coordinador del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas SINAP. La decisión de donde crear un área protegida reside en el ejercicio del gobierno en una democracia representativa. Esto en el pasado llevó a una lejanía entre la instancia de toma de decisiones y los procesos locales de percepción y asignación de manejo de los territorios. Esta situación ha sido fuente de conflictos socio-ambientales, los cuales en las recientes políticas de participación social en la conservación (UAESPNN 2001) no han sido del todo explícitamente reconocidos, y apenas parcialmente resueltos.
La declaración de parques nacionales naturales (PNN) en territorios indígenas, a pesar que la ley de tiempo atrás prevé su no-incompatibilidad, fue también durante un tiempo fuente de conflicto. En algunas de las unidades de conservación declaradas en el siglo pasado las poblaciones indígenas fueron desplazadas (PNN Tuparro y PNN Katíos, por ejemplo) y más recientemente cuando no lo fueron (PNN Utría y PNN Cahuinarí) las comunidades percibieron una intromisión en las decisiones autónomas sobre lo que consideraron sus territorios. La creación del PNN Alto Fragua Indi Wasi, en acuerdo entre las comunidades indígenas y la administración de parques, marcó un punto de cambio en este sentido (Jiménez 2002). Actualmente se reconoce que cuando las áreas protegidas se traslapan con territorios que también han sido legalmente reconocido a las comunidades indígenas, según la ley de debe establecer en forma acordada un "régimen especial de manejo" (Ponce 2005b), el cual mas que co-manejo en la practica es una forma de co-gobierno en categorías de manejo diversas.
De forma paralela, el Estado colombiano, en especial desde la promulgación de la constitución de 1991, ha venido reconociendo la propiedad colectiva de grandes territorios a comunidades indígenas y afrodescendientes, en su mayoría cubiertos de ecosistemas naturales. Los resguardos indígenas y los territorios colectivos no son áreas protegidas en el sentido del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas SINAP, sino una forma de dominio del territorio que tiene gran potencial para contribuir a los objetivos de conservación (Andrade 2003; van der Hammen 2003). En el ejercicio de su autonomía, y durante la formulación de los "planes de vida", las comunidades pueden zonificar los usos de sus territorios y crear áreas de conservación. Pero éstas últimas no hacen todavía parte formal del SINAP, pues no han sido reconocidas por la ley. La Selva de Matavén representa un sobresaliente ejercicio de creación de un área protegida por decisión de las comunidades indígenas, recientemente apoyado por el proyecto COAMA, la Unión Europea y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, Banco Mundial), que han marcado un nuevo capitulo en la historia de conservación en tierras indígenas de Colombia.
1. Fundación Humedales. Miembro del Comité Colombiano de la UICN.
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2. Especialista en manejo de recursos naturales Banco Mundial.
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El carácter publico de las autoridades indígenas
La población indígena colombiana está compuesta de 785.356 habitantes que pertenecen a 82 grupos étnicos diferentes. La mayoría de ellos (83.9%) viven en 534 reservas que cubren 29.8 millones de hectáreas (ca. 28% del territorio). La mayoría de estas áreas están cubiertas de vegetación natural y contienen por lo tanto una parte significativa de la biodiversidad del país. La legislación colombiana define los resguardos indígenas como tierras de propiedad colectiva y a perpetuidad, en la consideración que estas tierras siempre han pertenecido a los grupos indígenas, los cuales tienen derechos legales a los suelos y bosques y recursos naturales vivos presentes en los territorios (Articulo 330, Constitución Política), Los resguardos indígenas tienen una situación legal equivalente a los municipios (Articulo 357), por lo cual tienen derecho a recibir transferencias de recursos del estado para ser invertidas en salud, educación y programas sociales y demás responsabilidades de gobierno a través del Sistema General de Participaciones. La ley Orgánica establece que estos territorios pueden aspirar a convertirse en entidades territoriales indígenas (ETI), todavía sin reglamentar, así como la constitución de Asociaciones de Autoridades Indígenas Tradicionales (AAIT) las cuales en el Decreto 1088 de 1993 adquieren un "carácter especial como entidades publicas responsables para la administración y manejo de los territorios". Las comunidades locales eligen a los representantes en las AAIT, las cuales tienen la responsabilidad de implementar planes para el manejo sostenible del ambiente. En algunas partes de la Amazonia colombiana las AIIT han adquirido considerable experiencia en el manejo de los recursos públicos de transferencias, mientras que en otras es apenas un proceso iniciado. De acuerdo con la Ley 388, todos las entidades territoriales locales deben definir un plan a diez años sobre el uso y manejo del territorio (POT-Plan de Ordenamiento Territorial.)
Salud humana y salud ecológica del territorio
La selva de Matavén es un territorio extenso situado en la transición entre la Orinoquia y la Amazonia colombianas cubierto de bosques de diverso tipo, lagos y ríos, habitado por indígenas de los grupos sicuani, piapoco, piaroa, puinave, curripaco y cubeo. En la década de los ochenta se produce la constitución de los resguardos indígenas en las márgenes de los ríos Guaviare, Vichada y Orinoco. Hacia 1990 la Fundación Etnollano, en conjunto con otras ONG colombianas, inició actividades en un programa institucional de capacitacion en salud a 43 promotores indígenas, con participación de la secretaria de salud del gobierno (Loboguerrero et al. 2000).
En 1992 existían 16 resguardos indígenas con una población humana de 10.449, los cuales aunque relativamente extensos (cerca de 900.000 Has) solo reconocen una parte del territorio indígena. Porque al igual que lo que ocurre en el resto de la Amazonía todos los rincones de las selvas "tienen dueño" o vestigios de antiguas asentamientos. Este era el caso del caño Matavén, territorio con gran significado para los piaroa. La zona fue objeto de intensa actividad extractiva de caucho, lo cual llevó a que los grupos se situaran en los grandes ríos. La región sufría hacia finales del siglo pasado procesos activos de colonización en la periferia que amenazaban el territorio indígena; y de hecho algunos indígenas habían llegado a la zona expulsada de otros territorios. La selva de Matavén, un gran territorio de tierras baldías en centro de los 16 resguardos, había sido propuesta para ser integrado a las áreas de conservación por su rica biodiversidad debido a su carácter de zona de transición biogeográfica, así como su buen estado de conservación (Hernández y Defler 1989).
Tal como lo documentan Loboguerrero et al. (2000), la toma de conciencia de parte de los indígenas del valor estratégico de este territorio central, fue el resultado de largos años de trabajo. El proceso de reflexión colectiva sobre la salud humana, llevó a reconocer las funciones culturales en el territorio, identificando otras 900 mil hectáreas y que los indígenas reconocían como propias, con numerosos sitios sagrados como lagunas y cerros, y semillero natural de recursos, sitio de reproducción de animales y por lo tanto elemento clave para la integridad natural y cultural del territorio. Los lideres indígenas hoy denominan esta selva como "corazón de la salud", una forma de reconocer que su estado refleja la vitalidad del gran organismo que es su territorio.
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Revista Simposium 
