Las áreas protegidas enfrentan una situación paradojal, por un lado son reconocidas internacionalmente como importantes para la conservación de la biodiversidad, en tanto que por otro lado enfrentan presiones crecientes. En este contexto, en la gestión de las áreas protegidas ha venido ocurriendo un conjunto de cambios importantes, surgiendo una nueva forma de entender y de manejar las áreas protegidas, nuevos paradigmas de gestión. Quizá el más importante se refiere a la gobernanza. El Perú no ha sido ajeno al proceso: desde mediados de los años 80 se iniciaron proyectos que vinculaban la conservación y el desarrollo, a partir de la constatación de que mucho del rechazo de las poblaciones locales surgía porque no se tenía una justa distribución de los costos y de los beneficios de la existencia de las ANP y porque los intereses y el conocimiento de las poblaciones locales no se tomaba suficientemente en cuenta.

Las experiencias positivas en estos proyectos y la influencia de procesos internacionales llevaron a la sociedad civil a proponer modificaciones en las políticas y prácticas de gestión, durante la elaboración del plan director, a mediados de los años 90 y a incorporarlas en la Ley en 1997. Se ha logrado así importantes avances hacia una mejor gobernanza para las áreas protegidas, pero aún falta mucho camino por recorrer. Se plantea que existen dos frentes de trabajo para consolidar el nuevo modelo, bastante bien recogido en la Ley, la cual resulta adelantada para su momento. El frente externo implica crear confianza entre los actores y avanzar en aplicar los instrumentos legales disponibles, el frente interno implica atraer a esta visión a buena parte de la actual administración, que no la comparte, ya que mas allá de discursos las acciones demuestran que se demoran acciones clave: el plan director y el reglamento de la ley fueron demorados cuatro años cada uno, existe lentitud en suscribir los contratos de administración y se avanza poco en empoderar a comités de gestión y en suscribir acuerdos con los pobladores locales y consolidar sus derechos, ello genera desconfianza y no los hace aliados de las ANP. Se requiere entonces tomar medidas para consolidar una gestión participativa, transparente, responsable y que permita asegurar derechos y beneficios a las poblaciones locales.

Áreas protegidas: hacia una visión moderna.

La historia de las áreas naturales protegidas, cuya superficie alcanza el 12 % de la superficie terrestre del planeta, pasa por un momento crítico. Resulta paradójico que sean reconocidas internacionalmente como elementos fundamentales para la conservación de la biodiversidad y por su contribución a la sostenibilidad del desarrollo, existiendo inclusive un Programa de Trabajo del Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero que al mismo tiempo no sean reconocidas, en muchos países en desarrollo, como relevantes para la sociedad, para la propia vida de todas las personas y como un instrumento, también, de superación de la pobreza rural.

Esta situación se manifiesta claramente en que todos los Estados firman convenios, se comprometen a desarrollar sistemas de áreas protegidas representativos y adecuadamente gestionados, pero no asignan los recursos económicos necesarios ni les brindan el marco legal e institucional requerido para ello. De manera algo tosca, pero bastante certera, puede afirmarse que la medida del compromiso público con una política o un tema de su competencia es cuánto dinero tiene asignado en el presupuesto: lo que no figura en el presupuesto no existe. Pero el problema va más allá, las presiones sociales sobre las áreas protegidas no han disminuido y reflejan la situación de crecimiento poblacional, menores recursos y ausencia de opciones de desarrollo económico sostenible y amigable con el medio ambiente. Y las presiones por actividades extractivas de diferente tipo, como las mineras, de hidrocarburos y forestales o pesqueras, tanto legales como ilegales, continúan creciendo, así como la colonización de espacios naturales, como la amazonia, en proceso de fragmentación.

En este contexto las áreas protegidas enfrentan posiciones opuestas a ellas desde diferentes frentes. Por un lado se puede identificar grupos que perciben a las áreas protegidas como enemigas del desarrollo, en tanto que otros las perciben como una amenaza contra los derechos de las poblaciones rurales más pobres a quienes se les impide extraer los recursos necesarios para su vida. Otros, en cambio, consideran a éstas áreas como la solución para todos los problemas de conservación de la biodiversidad y buscan declarar área protegida todo lo que encuentran a su paso, forzando la figura, distorsionándola y alimentando el rechazo hacia ella.

Es en este escenario que en la gestión de las áreas naturales ha venido ocurriendo una serie de cambios sustantivos durante las ultimas dos décadas, o poco mas. Se trata del proceso de construcción de una nueva visión de las áreas naturales protegidas como espacios no sólo de conservación de la diversidad biológica y proveedores de bienes y servicios ambientales importantes para la sociedad, sino también y fundamentalmente de instrumento de desarrollo y beneficio directo para las poblaciones locales, que viven dentro o cerca de las ANP y son directamente afectados por la existencia de ésta y las necesarias limitaciones al uso que su creación legal conlleva. No está en cuestión el valor que para la humanidad tiene la existencia de áreas protegidas, pero si un modelo de gestión fundamentalmente gubernamental, excluyente de otras opciones y en muchos casos en conflicto permanente con las poblaciones locales, sumamente distante de una justa distribución de los costos y beneficios que genera la propia existencia de toda ANP.