Las áreas protegidas han sido reconocidas como una herramienta de importancia fundamental dentro de la serie de medidas necesarias para conservar la diversidad biológica. Sin embargo, es necesario reposicionarlas dentro de la agenda del desarrollo sostenible haciendo que sean relevantes para los temas de interés de nuestros países, entre ellos la gobernanza ambiental.

Si bien hay un sinnúmero de formas de definir la gobernanza ambiental. En general se la entiende como los procesos sociales, políticos, económicos y administrativos, formales e informales, asociados a intereses y reglas, mediante los cuales distintos actores sociales negocian y definen el acceso a y el manejo de los recursos naturales y la relación con el medio ambiente. En el caso de las áreas protegidas, se refiere a los marcos jurídico-institucionales, las estructuras, sistemas de conocimiento, valores culturales que determinan la manera en que las decisiones son tomadas, los mecanismos de participación de los diferentes actores, y las formas en que se ejerce la responsabilidad y el poder.

Las profundas transformaciones en las políticas, metodologías e instrumentos de administración de Áreas Protegidas en la última década, hacen necesario evaluar el impacto que estos cambios han tenido en la eficiencia del manejo y en la conservación de la biodiversidad y otros bienes y servicios ambientales. Por otro lado, debates recientes sobre las nuevas corrientes de administración de áreas protegidas han otorgado una importancia central a las estructuras de gobernanza como elemento clave para garantizar un manejo efectivo de dichas áreas. En los últimos años, en la región Sudamericana han iniciado procesos muy dinámicos de descentralización de la gestión ambiental y se han multiplicado las experiencias innovadoras y exitosas de co-administración y nuevos arreglos institucionales. En contraste, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental, la conflictividad socio-política, la inestabilidad económica, y el incremento de las presiones sobre las Áreas Protegidas en nuestros países han contribuido a una disminución de la inversión pública en conservación y ha dificultado la aplicación de planes y estrategias.

Aunque la implementación de los convenios y tratados internacionales y la promulgación de leyes y normas nacionales es una facultad de los Estados, el buen gobierno no compete exclusivamente a los gobiernos y sus agencias, ya que comprende también otras modalidades institucionales formales e informales tales como códigos de conducta voluntarios, asociaciones, iniciativas de colaboración, organismos intergubernamentales y no gubernamentales, empresas, sociedad civil, asociaciones profesionales. Las experiencias, cada vez más frecuentes, con una activa y real participación de las estructuras locales están marcando cambios en las prácticas de gobernanza que se han ejercido sobre el manejo de los recursos naturales y las entidades gubernamentales están replanteando su rol. Por ejemplo, el manejo de áreas naturales protegidas que ha cambiado de medidas estrictas y coercitivas de conservación llevadas a cabo por guardaparques hacia una mayor colaboración y participación comunitaria en el manejo de recursos lo que ha logrado mayores avances en su conservación.

La Oficina Regional para América del Sur de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN-Sur) está sistematizando el estado de la gobernanza de las áreas protegidas en la región. El objetivo de la Unión a través de esta iniciativa es contribuir a la identificación de aspectos claves en las estructuras de gobernanza ambiental, para recomendar reformas específicas para un manejo más eficiente de las áreas protegidas en la región y orientar de manera estratégica la cooperación en áreas protegidas. Como primer resultado, se acaba de publicar un análisis del tema en cinco países de la región Andina -Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela (Gobernanza de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas en los Andes Tropicales: Diagnóstico regional y análisis comparativo; Alex Rivas Toledo, compilador), y en vista de la organización del II Congreso Latinoamericano de Areas Protegidas (Bariloche, 2007) este proceso se extenderá a los otros países.

De esta manera, es nuestro interés profundizar en el tema de gobernanza y áreas protegidas, para lograr un mayor y mejor entendimiento de los tipos de gobernanza, los métodos, enfoques, buenas prácticas e implicaciones de este tema.